Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria de Jaén y de la sociedad civil giennense, así como miembros de otras comunidades universitarias nacionales y extranjeras, rechazamos el contenido y la forma en la que se ha aprobado el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que violenta  de manera flagrante el sistema universitario que hemos construido, con grandes esfuerzos, durante estos últimos años.

En su forma, se ha adoptado como un zarpazo del poder sobre el sistema educativo, sin haber tenido en cuenta ni mantener contacto con las propias universidades ni con sus legítimos representantes y en el fondo, su contenido debilita las bases históricas sobre las que se ha afirmado la educación universitaria en España, que dejará de ser “la alta casa de estudios” para convertirse en un sistema de enseñanza de bajo nivel académico.

El Real Decreto-Ley en cuestión afecta de manera directa a las universidades públicas y a la calidad de las mismas, pues utiliza el efecto torticero de reclamar una supuesta calidad basada en presumidos parámetros que no concuerdan con la realidad universitaria; como si aquellos que han redactado este Decreto desconociesen o quisiesen desconocer los verdaderos soportes intelectuales y académicos sobre los cuales se ha soportado la universidad española y, en particular, andaluza, durante las recientes décadas.

Por una serie de razones nos oponemos a la destrucción de las Universidades públicas y en particular a la Universidad de Jaén:

a)      Con el pretendido aumento de los créditos docentes se va a aplicar un “Expediente de Regulación de Empleo”, disfrazado en las “necesarias medidas de austeridad”, sobre un importante número de profesores, cuyos contratos pueden no ser renovados, y que, sin embargo, han venido cubriendo importantes labores docentes y de investigación durante estos últimos años. Con la “expulsión” del profesorado asociado-contratado se van a desarbolar importantes equipos de trabajo, docencia e investigación que se habían podido conformar en nuestras universidades gracias a la aportación de personal cualificado y con experiencia externa de carácter práctico, lo que provocará en uno o dos años un debilitamiento importante de estos equipos y consecuentemente de la investigación y la docencia.

b)      Se ha fundamentado este sistema de selección diezmando a los profesores/as por medio de la aplicación de sexenios “vivos”, cuando es de sobra conocido que los protocolos de aplicación de los sexenios, no puede asegurarse de que sean absolutamente fiables y no parece adecuado que sean los sexenios, que, como es sabido, sirven para medir el impacto de las publicaciones en revistas indexadas, sea el único criterio e indicador con el que se vaya a valorar la dedicación a las tareas universitarias.

c)      La carga docente, o mejor dicho la “sobrecarga docente” sobre los profesores/as funcionarios o laborales, va a provocar un notable deterioro de la investigación que lamentablemente se va a notar dentro de unos cuatro o cinco años y que para entonces ya no quedará otro remedio que quejarse y lamentarse por el error cometido.

d)      A todo ello, habrá que agregar la intención del Ministerio de aumentar el precio de las tasas universitarias y acrecentar el nivel de exigencia para conseguir una beca,  lo que va en claro detrimento de las clases sociales más desfavorecidas, así como la reducción del Grado a tres años que provocará, como consecuencia, una formación inadecuada e insuficiente en nuestros estudiantes con clara merma de su nivel académico y nefastas consecuencias en su futuro acceso al mercado de trabajo.

Finalmente, nos adherimos al malestar manifestado en la Reunión de Rectores de las Universidades Públicas Andaluzas del 25 de abril de 2012, entre los que se encuentra el Rector de la Universidad de Jaén, en el que declaran su rechazo al Real Decreto-Ley en relación con el aumento de las tasas de matrícula, el régimen de dedicación del profesorado y el procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas superiores.

Por estas razones convocamos a una Movilización social y académica con el fin de rechazar este Real Decreto-Ley con para que, cuanto antes, sea retirado y evitar, de este modo, males mayores para el sistema universitario español.